sábado, 22 de marzo de 2008

Un pozo de impunidad


Autor: José Luis Requero. Fuente: El Mundo, 21 de diciembre de 2005. Año XVII. Número: 5.853.

Pregunta A. M. (28 años, Bilbao): «¿Cuánto dinero cuesta un aborto? ¿Hasta qué mes del embarazo puede practicarse? ¿De qué modo se hace?». Y Vampirella informa de los casos en los que es lícito. Al referirse al grave riesgo físico o psíquico para la madre, añade: «Como no es fácil demostrar si se sufre o no un riesgo psíquico, cualquier mujer puede referirse al tercer caso y abortar». Y sigue ilustrando sobre lo fácil que es abortar acudiendo al fármaco RU-486. Saco esas líneas del Consultorio –sección «Sexo»– del suplemento juvenil EP3 (El País, 14 de octubre de 2005).

The Sunday Telegraph hablaba el pasado 11 de septiembre de las facilidades económicas que dan las clínicas abortistas británicas para abortar en España; citaba el centro Mediterrània Mèdica, de Valencia. Al parecer, el grave riesgo psíquico para la madre ha hecho de la ley española una bicoca para que las inglesas se zafen de los límites de su ley nacional. Ponía en boca del doctor Leonardo Llorente que jamás rechazaría a una embarazada inglesa de seis meses –límite de la ley inglesa para abortar– pues «probablemente todas las mujeres que esperan abortar en ese periodo estarán psicológicamente alteradas». Este doctor es claro: «Siempre puede probarse que las pacientes en ese momento tenían serios problemas mentales, aunque después sean completamente normales» y, preguntado si eso significa que puede abortarse en cualquier situación, el doctor dicta su cautelosa sentencia: «Definitely» (seguramente).

Definitely que en España hay aborto libre e impune, pero no gratuito porque para eso es negocio. Si no, carece de explicación este turismo abortivo desde la antaño meca del aborto. Gracias a esa impunidad desde que se introdujo el aborto en 1985 hasta 2003 (año de las últimas estadísticas del INE), se han practicado unos 850.000 abortos; según el Instituto de Política Familiar, en 2004 han sido 84.000, lo que haría un total acumulado de 934.000. Estos últimos no son datos oficiales, pero no van descaminados. La tendencia creciente –que es cierta y objetiva– hace prever que en 2006 superaremos el millón. El número crece cada año, como las facilidades. Lo que dicen Vampirella y el doctor Llorente lo corroboran instancias en principio más respetables, si es que lo es quien da facilidades. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid expenda gratuitamente píldoras abortivas o que el Colegio de Médicos de Barcelona abogue por que las menores aborten sin el consentimiento de los padres evidencia la trivialización de la vida: como diría Vampirella o cualquier otro doctor abortista, gestar un ser humano es una resaca superable.

Ignoro qué preocupa en este momento al fiscal general del Estado. Definitely algún grave asunto. Y el que comento, ¿lo es? ¿Habrá leído a Vampirella o The Sunday Telegraph? Temo que no. Sí que leería que hace un año el Gobierno renunciaba al aborto libre dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Según El País (11 de agosto de 2004) es innecesario porque «al fin y al cabo la norma actual permite abortar sin apenas cortapisas». Vivimos un holocausto creciente e impune que ha costado ya 934.000 vidas. Cuando esto ocurre, el Estado de Derecho pierde su lógica y las paradojas saltan. ¿Qué sentido tiene que el Tribunal Constitucional diga que nuestros tribunales pueden perseguir hasta los confines del Universo cualquier delito contra la Humanidad si aquí no se investiga si las clínicas abortistas respetan el Código Penal? Se persigue la violencia doméstica pero se tolera la que, silentemente, ocurre en el seno materno. ¿Y no son manifestaciones de un mismo desprecio de la vida? Y si esta impunidad ocurre con lo más, ¿quién garantiza que no ocurra con lo menos? Por ejemplo, que los restos de los abortos se empleen para fines cosméticos, con lo cual el negocio se duplica. Repito: estamos hablando de 934.000 seres humanos eliminados, sin contar las no mensurables víctimas de la píldora del día después o de la fecundación in vitro.

¿Esto tiene marcha atrás? Sí, aunque los partidarios del matrimonio homosexual se chuleen diciendo que no se derogará como no se derogó la ley del aborto. Cuando la izquierda reina sus reformas son irreversibles y a la derecha le corresponde gestionar esa sociedad que, inconmoviblemente, le va dejando la izquierda. La misión de la derecha parece limitarse a poner al día los datos macroeconómicos, es decir, a llenar la despensa. Hecho esto, la izquierda volverá para seguir construyendo su modelo de sociedad.

He hablado
de vuelta atrás, pero no se trata simplemente de derogar la ley del aborto. Esto sería hasta fácil, pero no arregla el problema. Que se hayan eliminado a 934.000 no nacidos, no pase nada, vaya en aumento, Vampirella, The Sunday Telegraph o las evidencias de El País nos digan públicamente que se puede delinquir sin problema, que las Administraciones den facilidades y el Estado de Derecho consienta tal impunidad, todo eso evidencia que hay una sociedad enferma y desde el BOE no se expenden fórmulas magistrales.

Hay que derogar la ley del aborto, cierto, porque las leyes educan o deseducan. Cuando algo se despenaliza, primero es lícito, de ahí pasa a ser derecho, luego prestación de la Seguridad Social y, si se contraría, violación de los derechos constitucionales; es más, no informar sobre la posibilidad de abortar se indemniza. Es pasmosa la tranquilidad con la que se ha instalado en la mente algo jurídicamente inexistente: el derecho al aborto. Abortar es delito, salvo en algunos supuestos en que el Estado no lo persigue. Pero ya se ha visto cómo una reforma del Código ha generado un derecho y un boyante negocio que cotiza en bolsa.

La repenalización no basta y en época de «políticas activas» (inmigración, tercera edad, mujeres maltratadas, medio ambiente, población marginal, etcétera), habrá que diseñar otra más: la de respeto, defensa y promoción de la vida. Si en los colegios se imparte circulación vial o se simulan juicios, no está de más enseñar el respeto a la vida como un valor básico, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Si las administraciones crean narcosalas, se ocupan de la población desfavorecida, crean casas de acogida para maltratadas o a sin papeles, habrá que acoger a la mujer que se plantea abortar, habrá que acoger al concebido y no nacido para que nazca porque siempre es un bien en sí. Y si en torno a estas cuestiones se mueven decenas de ONG, habrá que apoyar a las que se ocupan de la mujer embarazada y del hijo en riesgo de ser eliminado. Acometiendo estos aspectos y otros más tendría sentido esa modificación penal; el holocausto es reversible, es cuestión de voluntad; es lo que se está implantando en Italia y quien lo promueve... ¡es la izquierda!

Vivimos en una sociedad violenta, la violencia es única y la abortista es parte de un mismo fenómeno. Las víctimas siempre son los más débiles. Una parte de esa violencia recae sobre ancianos y menores, otra sobre mujeres y tiene variadas manifestaciones: está la de género, también la que la mercantiliza o cosifica (prostitución, pornografía) más la abortista: se elimina a un no nacido, pero el trauma psicológico es para la madre, y eso no hay quien se lo quite. Todo invita a que nos preguntemos si nuestra sociedad no tiene sus fundamentos minados; el clamor de 934.000 vidas –que superará el millón de muertes– nos interpela y nuestra responsabilidad es contestarle.

José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial.